El engaño a los jubilados (III) que esconde una amnistía ultra secreta para los súper ricos,Cristina niega conocer a Lázaro…,”Cristina miente…,Tras la “rara” afirmación de Cristina para desligarse de Báez…

El engaño a los jubilados (III) que esconde una amnistía ultra secreta para los súper ricos.

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En la nota que encabeza esta serie con título El engaño de la reparación histórica a los jubilados (I) para ocultar dos gravísimos affaires, se puso de manifiesto la sustancial quita de acreencias que representa la ley de supuesta “reparación” histórica de los jubilados (27.260). Que solo fue un camuflaje para poder hacer pasar por el Congreso dos grandes aspiraciones de los ricos cortesanos del poder. Una de ellas se expuso en la nota El engaño a los jubilados (II) para robar las acciones de la ANSES

En la nota actual se revela que el “Régimen de Sinceramiento Fiscal” o blanqueo de capitales sancionado como parte de la ley jubilatoria, esconde en realidad unaamnistía absoluta y súper secreta para las notables empresas y personalidades encartadas en las listas negras de Hernán Arbizu y Hervé Falciani, filtradas de los mega bancos JP Morgan CHASE y HSBC, investigadas por la justicia. Cuyo monto de esta última la AFIP estimó prima facie que trepaba a los 62 mil millones de pesos.

Escándalos al que este año se sumó el de Panamá Papers, que involucra a las mismas empresas y empresarios incursos en esos delitos, con el grupo CLARIN a la cabeza, y recientemente como llovido sobre mojado, la filtración de Bahamas Leaks.De esa manera quedó sentada en el banquillo de los acusados, lo más granado de la élite empresarial argentina. En una situación semejante a la del denostado Lázaro Báez, y su arrepentido Leonardo Fariña, dado que no hay diferencias hay entre el accionar de Magnetto, Herrera de Noble, Fortabat, Blaquier, Bulgheroni, Mindlin, Constantini, Eskenazi, Madanés, etc, y el de Báez. Quién no obstante ha sido usado como cortina de humo y chivo expiatorio, para ocultar las andanzas de los primeramente nombrados.

Quienes de esta manera, no solo lograrán cerrar esas causas judiciales para siempre, quedando sobreseídos de culpa y cargo. Si no que además, en un alarde de intransparencia pública, lo harán sin mengua alguna para su buen nombre y honor, por efecto del ultra secretismo impuesto por la ley, con severísimas penas para quien lo viole. Librándose así de las sanciones que les habrían correspondido, como concesionarios o licenciatarios del Estado, que podrían haber acarreado la pérdida de estas. Y sin obligación alguna de repatriar lo fugado, que es lo que más daño ha causado, a la par que el país se reendeuda externamente.

Así la clásica película de Woddy Allen, “Robo, huyó, y lo pescaron” en Argentina debería titularse “Robaron, fugaron, los pescaron, y los premiaron”. Al recibir un traje de gala, en lugar del traje a rayas para los grandes evasores, que prometía el ex presidente Menem. Resultando inadmisible que en la ley de “Sinceramiento Fiscal”, se equipare a quienes voluntariamente sinceren lo que no habían declarado, con quienes han sido pescados con las manos en la masa, y por lo tanto no concretarán sinceramiento alguno. Y menos aún que se los premie con el absoluto secreto con que se obliga a la Justicia, que por definición debe ser pública.

Por Javier Llorens

Una clara manifestación de la economía extractivista que aqueja a Argentina, son las divisas fugadas de ella, que el INDEC estima por sobre los 200 mil millones de dólares, y la ONG Tax Justice Network dice que treparían a los 400 mil millones, monto que supera largamente nuestra deuda externa. De los cuales el “sinceramiento fiscal” que establece la flamante ley, espera blanquear como óptimo una porción del 10 %. El cual con una alícuota del 10 %, le representará al fisco un ingreso de 4.000 millones. O sea solo un 1 % del monto fugado, destinado supuestamente para hacer justicia con los jubilados, aunque como se verá esto está lejos de ser así.

Por otro lado esa enorme fuga de riquezas, que es la contrapartida de la deuda, es también la causa de que un tercio de los argentinos estén hundidos en la pobreza e indigencia, y la mitad de los niños argentinos sean pobres. Lo cual ha hecho que vivir en Argentina, sea cada vez más inseguro, y con un horizonte de tristezas. Cuando esos niños ya mayores, sean la mitad de una población que parece atrapada en una debacle interminable.

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Esta afirmación no es antojadiza, ya que figura en la contratapa de un denso libro pionero en la materia, de más de 500 páginas, LAS ISLAS DEL TESORO – Los paraísos fiscales y los hombres que se robaron el mundo”, de Nicholas Shaxson. En donde dice: “Los paraísos fiscales son la razón por la cual las personas y los países pobres continúan siendo pobres. Se encuentran en el corazón de la economía global y a través de ellos se procesa más de la mitad del comercio internacional.”

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Este sistema extraterritorial conecta al submundo criminal con la elite financiera, enlaza a los altos dirigentes de la diplomacia y los servicios de inteligencia con las firmas multinacionales. Es el modo de funcionamiento del poder en la actualidad, y ha concentrado la riqueza y el poder en los ricos con mayor fuerza que cualquier otro acontecimiento histórico, Sin embargo, sus efectos han sido invisibles.”

Por su parte esta nota tiene la modesta intención de señalar a los hombres que se robaron la Argentina, y el porvenir de sus niños. Y como el actual oficialismo y cierta oposición, disfrazada con una supuesta reparación histórica a los jubilados, los premiaron con una absoluta y secreta amnistía, sin obligación alguna de reintegrar lo robado a la economía argentina.

Un “sinceramiento fiscal” con motivaciones insinceras

Más allá de que la “reparación histórica” a los jubilados no existe, tal como se vio en la nota anterior, los argumentos empleados para pegotearla con un blanqueo o “sinceramiento fiscal” son incongruentes.

Por un lado porque en la ley no hay nada que diga que lo que se va a obtener del blanqueo, se destinará a la mejora de los jubilados. Ya que esta se dispone cubrir con los fondos del FGS (Fondo Garantía Sustentabilidad) justificando así la venta de las acciones privadas de la ANSES de Mirgor, Clarin, Techint, Macro, etc, a sus mismos dueños. Que las compraran con el dinero de los dividendos no distribuidos correspondiente a la ANSES, o sea con la plata de la ANSES, para lo cual ya prestamente existen conversaciones.

http://www.ambito.com/856171-ya-analizan-6-operaciones-de-venta-de-acciones-de-la-anses

Y por otro lado, aun antes asumir, el actual presidente comenzó a hablar de la necesidad de un blanqueo de capitales, sin asociarlo en manera alguna con la situación de los jubilados. Tal como da cuenta la nota de Ismael Bermúdez “Macri ya tiene un borrador del blanqueo de capitales” (1/12/2012) donde se esbozan los lineamientos de la actual ley, en la que no hay una sola mención a la clase pasiva.

http://www.ieco.clarin.com/economia/mauricio_macri-impuestos-blanqueo_0_1477652228.html

Además para justificar su apuro, se adujo “la entrada en vigencia a partir del 1º de enero de 2017, en más de 90 jurisdicciones del mundo de los Estándares para el intercambio Automático de Información Financiera en Materia Impositiva” de la OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo Económico). Afirmando al respecto que Argentina estaría “dentro del grupo de los “Early Adopters” (consumidores tempranos) de ese intercambio de información financiera fiscal.

Pero si uno se remite a las fuentes, las cosas no son así. Dado que los “consumidores tempranos” son solo 50 países, que recién empezarán a brindar información en relación a la apertura de nuevas cuentas de importancia, en septiembre del 2017. Y tienen plazo hasta septiembre del 2018, para empezar a brindar información respecto cuentas de importancia preexistentes, que son las que en definitiva importan para la cuestión del blanqueo. O sea lapremura para el dictado del blanqueo en realidad no existe.

Y además entre esos 50 o 90 países no está por ejemplo, Estados Unidos, al que algunos señalan que con el escándalo de los Panamá Papers y Bahamas Papers, pasará a ser el mayor paraíso fiscal del mundo. País con el que de repente el Gobierno anunció que se procura llegar a un acuerdo de información tributaria, como para asustar a posibles blanqueadores. Pero que no tiene nada que ver con la información financiera, que incluso puede estar encapsulada a nombre de sociedades conchas o fantasmas, de las que se desconocen sus dueños.

Tampoco está las Bahamas, donde el presidente Macri se encontró que tenía una cuenta offshore que él creía que estaba en Suiza. Ni tampoco Panamá y otros paraísos fiscales, que aún no acordaron fecha para comenzar dicho intercambio automático de datos, y solo prometen hacerlo si existen acuerdos bilaterales previos. Tampoco en lo inmediato Uruguay, que es el paraíso fiscal preferido de los argentinos, y por ahora solo está revisando su legislación, y solo tiene un acuerdo bilateral con Argentina ante consultas tributarias específicas.

Estas ausencias de países notables, son las que llevan a algunos críticos a subrayar que el éxito del acuerdo de intercambio de información, depende de su adopción por todos los países, y no un grupo de ellos. De lo contrario se le haría el juego a territorios opacos que basen su actividad en atraer rentas que quieran ocultarse, razón por la que proponen calificar como paraísos fiscales, a todos los países que no se adhieran al intercambio de información.

Ante ese panorama no inminente a corto plazo, como presentó el gobierno en su proyecto de ley, surge el interrogante de porqué ha actuado tan diligentemente, con una previsión a mediano plazo, enteramente inusual en la política argentina. Y la respuesta de ello parece estar en las famosas listas negras de Falciani o SwissLeaks, provenientes de la filial del Banco HSBC en Suiza, que sumada a la dada a conocer previamente por Hernán Arbizu, fueron un tema candente tanto en la Justicia, la AFIP, y en el Congreso durante todo el 2015.

A cuya finalización el gobierno electo de Cambiemos comenzó a hablar del blanqueo. No obstante esta notable coincidencia solo mereció alguna mención por parte de algunos legisladores opositores en la Cámara de Diputados y en de Senadores. A las que la gran prensa evitó que trascendieran al gran público, como si se tratara de información reservada.

Las torrenciales filtraciones financieras que desvelaban al establishment argentino

El ingeniero informático franco italiano Hervé Falciani, que trabajaba para el HSBC Private Bank de Ginebra, en el 2008 sustrajo 60.000 archivos internos del banco, que entregó luego a las autoridades fiscales de Francia. El diario Le Monde accedió a ese material a comienzos de 2014, y compartió la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El que a principios del 2015 bajo el rotulo de SwissLeaks, publicó parcialmente su contenido.

https://www.icij.org/project/swiss-leaks/explore-swiss-leaks-data

Esta información ha sido llamada “la mayor filtración en la historia bancaria suiza“. Al implicar un monto de depósitos por 180 mil millones de euros, mantenidos por más de 100 mil clientes y 20 mil compañías offshore, entre noviembre 2006 y marzo 2008. Respecto a Argentina, daba cuenta de la existencia de 4.620 cuentas de personas y empresas argentinas, que hacían que nuestro país ocupara el séptimo lugar en cuanto al número de cuentas abiertas entre el 2007 y 2008. Coincidente cuando comenzó a acelerarse en nuestro país una descomunal fuga de divisas a lo largo de este siglo, que superó largamente los cien mil millones de dólares.

Ocupando en consecuencia Argentina el 21 lugar en el mundo en cuanto al monto depositado en esos años, del orden de 3.500 millones de dólares. Estando además Miguel Gerardo Abadi, argentino residente en Londres, y contador graduado en la Universidad de Belgrano, en la cabeza del rating en cuanto a volumen de depósitos, al alcanzar un pico de1.100 millones de dólares entre el 2006 y 2007. Quien además reconoció haber operado fondos de terceros por 6.700 millones de dólares en el 2008. Las compañías argentinas y personas más notables que se ven implicadas en la lista de Falciani del HSBC de Ginebra, son:

Compañias: HSBC REPUBLIC BANK ARGENTINE (sus directivos fueron imputados por delitos de evasión agravada y lavado de dinero), CABLEVISIÓN y MULTICANAL S.A. (grupo CLARIN), DEUTSCHE BANK SA, EDESUR S.A, LOMA NEGRA SA del grupo Fortabat, MASTELLONE HERMANOS S.A, EXOLGAN S.A. (el principal operador portuario argentino), CENTRAL PUERTO S.A (una de las generadoras termoeléctricas más grandes de la argentina), BRIDAS S.A.P.I.C. (grupo Bulgueroni), INDUNOR S.A. (líder mundial en la producción y comercialización de extractos de quebracho), PAMPA HOLDING SA (grupo Midlin), PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. (petrolera y cementera), ZAFRA S.A, (concesionaria oficial John Deere).

Personas: Lacroze de Fortabat Maria Amalia Sara (fallecida), Amoedo Amalia Adriana (sucesora de Fortabat), Martino Gabriel Diego (presidente HSBC Argentina), Neustadt Bernardo (periodista fallecido impulsor de las privatizaciones), Herrero Mitjans Saturnino Lorenzo (director del Grupo CLARIN), Ibáñez Mariano Marcelo (presidente Cablevisión), Casey Pablo Cesar (director grupo CLARIN y Cablevisión, sobrino de Magnetto), Sánchez Sarmiento Sebastián (director Cablevisión), Gonzalez Baruki Luis Alberto (director Cablevisión), Urricelqui Alejandro Alberto (director Cablevisión), Moltini Carlos Alberto (director de Cablevisión), Juan Rodríguez Larreta (fallecido), María Elisa Mitre de Rodríguez Larreta, Miguel Rodríguez Larreta, Félix Rodríguez Larreta, Juana Rodríguez Larreta,

Balbin Juan Andres,  María Cecilia Balbín, Monti Roberto Luis (ex presidente YPF, director Petrobras Y Tenaris), Roman Alfredo Alberto (grupo Román), Chiantore Ricardo (Sec – Sistema Estacionamiento Controlado CABA), Chiantore Jose Ricardo (padre), Roemmers Alfredo Pablo (Laboratorio Roemmers), Grobocopatel Gustavo Fabian (presidente Los Grobo), Grobocopatel Adolfo (Los Grobo), Silva Garretón Martin Jose Agustín (ex Juez), Moneta Raul Juan Pedro (banquero), Eskenazi Sebastian (banquero ex presidente de YPF), Savanti Victor Luis (ex directivo de Loma Negra), Juan Carlos Relats (fallecido, contratista obras públicas) etc

http://www.veintitres.com.ar/article/details/27043/las-60-cuentas-personales-mas-grandes-en-el-hsbc
http://fortunaweb.com.ar/2014-11-28-152965-conozca-la-lista-de-empresarios-que-denuncio-la-afip/

Por su parte LA NACION publicó un gráfico, en el que no pudo esconder que en la cabeza de esa filtración estaba el grupo CLARIN, que aparece después del grupo Fortabat dirigido por el ministro Prat Gay, si se suman los montos de Cablevisión y Multicanal.

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http://www.lanacion.com.ar/1767136-la-lista-de-empresas-argentinas-con-mas-fondos-en-el-hsbc-suizo

Posteriormente a principios del 2015, se hizo pública la filtración de documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, a través de una entrega de 2,6 terabytes de información por parte de una fuente no identificada, al periódico alemán Süddeutsche Zeitung. Que el mencionado ICIJ hizo públicas con la denominación de Panamá Papers, o Papeles de Panamá.

Con la que reveló el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de Gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas, y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte.

Penosamente para el país, como se puede ver en la imagen adjunta, la lista de jefes de Estado con retrato y todo la encabeza Mauricio Macri, con su offshore concha o fantasma Fleg Trading. Y también al pie de la imagen y en su costado izquierdo, aparece la ex presidenta Fernández de Kirchner, arrastrada a esa figuración por la offshore que detentaba un ex secretario suyo.

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                                        https://panamapapers.icij.org/the_power_players/

Los implicados habían contratado los servicios de Mossack Fonseca, para fundar y establecer compañías inscritas en un paraíso fiscal, de modo que cumpliesen con el objetivo de ocultar la identidad de sus propietarios. La documentación filtrada incluía la información de 210 mil compañías creadas a lo largo de 40 años, en 21 paraísos fiscales. Correspondiendo a Argentina 270 entidades, creadas a través de 94 intermediarios, con773 direcciones de accionistas y directivos, pertenecientes a la elite empresaria argentina.

https://offshoreleaks.icij.org/search?c=ARG

Conforme se puede ver en el siguiente gráfico publicado por ICIJ, entre los primeros puestos de bancos intervinientes, figura el HSBC Banca Private, el mismo que estaba involucrado en las filtraciones de Falciani o Swissleaks.

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https://panamapapers.icij.org/graphs/

Y también aparecen en un lugar destacado las andanzas del grupo Clarín y Magnetto, con su offshore concha o fantasma East River Associates Corporation, y sus notables combinaciones con otras galaxias de compañías offshore en las sombras, sin que se hubiese dignado a explicar el motivo de ellas. Al mismo tiempo que el grupo no se cansa de hablar contra la corrupción y de la transparencia pública.

Ver Las autopistas del dinero M de Héctor Magnetto

Ver Panama Papers: La concha (shell) de Magnetto del grupo CLARIN, y sus increíbles derivaciones

Ver La Ruta del Dinero de La Voz del Interior y Clarin

A ese torrente de filtraciones se sumó recientemente el denominado Bahamas Leaks, nombre con el que se conocen los 1,3 millones de documentos del registro mercantil de Bahamas, obtenidos también por el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Referidos a la información de 175 mil compañías, trust, y fundaciones registradas en Bahamas entre 1990 y 2016, y sus cerca de 25.000 directores y secretarios.

Las sociedades fueron registradas por 539 intermediarios diferentes, siendo el despacho Mossack Fonseca y los bancos UBS y Credit Suisse los más activos. El más notable aporte de esta última filtración respecto a Argentina, fue la aparición de las offshore fantasmas o conchas creadas en el año 2006 por el ex presidente Fernando de la Rua y su hijo Antonio, Bonds Cay Development Bahamas Ltd, y Furia Investiments Holdings Inc. Si de esta calaña son los presidentes argentinos, es de imaginarse cómo será su inescrupulosa clase empresaria, que no tiene que rendir cuentas a nadie.

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               https://offshoreleaks.icij.org/nodes/29000001

En estos tres casos, el ICIJ eligió a periodistas de Canal Trece de Clarín, y al diario LA NACION para procesar localmente esa información. El Canal Trece brilló por su ausencia, al mismo tiempo que le daba un tratamiento estruendoso, al punto del linchamiento mediático, a un caso similar de mucho menor envergadura, como es el de Lázaro Baéz.

Por su parte LA NACION le dio un tratamiento moroso, y extremadamente cauto. Explicable porque sus mismas autoridades, la familia Saguier en pleno, había sido procesada por lavado de dinero proveniente de empresas fantasmas offshore. Lo que hace que en definitiva, nadie sepa quiénes son los dueños reales de ese tradicional diario argentino tan paquete.

Además de figurar relacionada con una de la offshore fantasmas de Panamá Papers, para lo cual dio una explicación sui generis. Razón por la que se puede afirmar que esa delicada información no cayó precisamente en las mejores manos. Lo cual se puso en evidencia con el moroso y parco tratamiento dado a la empresa concha o fantasma Fleg Trading del grupo Macri, investigada por la justicia.

Y en la supuesta aclaración con la que encabeza sus notas, diciendo que tener una offshore concha o fantasma para encubrir a sus directivos y dueños, no es de por si un delito. Al mismo tiempo que rutinariamente editorializa contra los piqueteros que cortan las calles encapuchados, pidiendo que sean penalizados. Por lo que parece que para LA NACION, que los ricos anden encapuchados para concretar grandes negocios de lavado y evasión tributaria, es un derecho. Mientras si lo hace algún pobre reclamando trabajo o comida, es un delito.

La filtración pionera del ejecutivo del JP Morgan Arbizu, publicada por Lanata

No obstante Hernán Arbizu, un alto ejecutivo de “banca privada” del mega banco JP Morgan – Chase, fue en el año 2008 el pionero en esas filtraciones, Con la presentación que hizo ante la Justicia de un listado de 469 cuentas de prominentes empresarios y empresas argentinas, que habían usado esos servicios.

Y fue Jorge Lanata quién se encargó de difundir en el diario Crítica, un listado parcial de ella, en junio del 2008, cuando estaba enfrentado con el grupo CLARIN, que boicoteaba la circulación de su diario. Con título en la tapa “EXCLUSIVO – EL MORGANGATE – La Justicia investiga por lavado de dinero a los Bulgheroni, Marcelo Midlin, las familias Blaquier, Priu, Constantini, Bemberg, Cartellone, Melhem y Ernestina Herrera de Noble”.

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En el interior, con título “La redención del Pirata Morgan – Un arrepentido reveló como empresarios argentinos, entre ellos del grupo CLARIN, sacan dólares del país”, con la firma del mismo Lanata, a lo largo de cuatro páginas se daban los detalles. Comenzando por un listado, que revelaba las cuentas del grupo CLARIN.

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Así nuevamente el grupo CLARIN estaba a la cabeza de esas maniobras, con un total de 37 cuentas y sub cuentas del grupo y de sus directivos, por un monto de casi trescientos millones de dólares, como se puede observar en el siguiente cuadro. Por lo cual en el 2008, en esos solo dos bancos, HSBC y JP Morgan Chase, el grupo Clarín y sus directivos tenían más de 400 millones de dólares fugados.

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Lo escoltaba otro concesionario del Estado, el grupo petrolero Priu, con 18 cuentas y un centenar y medio de millones de dólares. Aunque según la nota del diario Crítica de Lanata, el que encabezaba en realidad el listado era el grupo petrolero Bulgheroni, que detenta concesiones petroleras del Estado, con 1.500 millones de dólares. El ejemplar de Crítica con la nota completa de Lanata y sus listados, que ha desaparecido en su versión digital, se puede consultar en:

https://issuu.com/freelancephoto/docs/diario_web_112__

En consecuencia esos tres poderosos licenciatarios o concesionarios del Estado, corríancon el peligro cierto de perder esas licencias o concesiones, si se acreditaban esos delitos e inconductas. Por lo cual la cuestión resultaba ser de altísima sensibilidad estratégica para ellos. Razón por la que la desesperada defensa ejercida en un principio por parte de las notables empresas y personajes encartados en la lista de Arbizu, era afirmar escuetamente que se trataba de un estafador, requerido por las autoridades judiciales de EEUU.

Bajo la figura de testigo arrepentido, recientemente Arbizu consintió en ser extraditado a EEUU por las denuncias de estafa y fraude hechas por el JP Morgan contra él. A los efectos de colaborar en la maniobra que se le achaca al JP Morgan Chase, de procurar quitarle intencionalmente liquidez al banco Lehman Brothers, para quebrarlo.

Por la que se han abierto causas por montos siderales en EEUU por parte de sus damnificados, que trepan a los 8.600 millones de dólares. Al haber dejado esa quiebra enormes secuelas en EEUU, en la que hasta los mismos jueces perdieron sus casas cuando estalló la burbuja financiera. Así el testimonió de Arbizu, despreciado enteramente por la Justicia argentina como se verá seguidamente, puede ser vital contra el JP Morgan Chase en EEUU.

Por su parte el mismo Lanata se encargó luego de llamarlo reiteradas veces “mentiroso” a Arbizu, después de concretar en el 2012 su alianza estratégica con el grupo CLARIN, para embestir contra el gobierno kirchnerista. Lástima que recién tras este pacto se diera cuenta de ello, lo que además de impedirle repetir la famosa frase de Fray Luis de León y Miguel de Unamuno, “decíamos ayer”, pone en duda o su rigor periodístico, o su honestidad periodística, puesta al servicio del mejor postor.

Ya que resulta evidente que entre las razones por la que Magnetto apeló a sus servicios, era por su papel de divulgador de la lista de Arbizu. Por lo que era mejor tenerlo de amigo bien rentado, que de enemigo despechado por su fracaso con el diario Crítica, que cerró sus puertas en el 2010.

Pero no obstante la posterior aparición de las filtraciones de Falciani o Swisleaks, seguidas a su vez del Panamá Papers y Bahama Leaks, ratificaron plenamente la denuncia de Arbizu. He hicieron que el cargo de mendacidad contra él sostenido, por Lanata y Clarin, quedara casi en el ridículo. Por lo que Lanata como si fuera un tema tabú, dejó enteramente de hablar de Arbizu, pese cultivar una verborrea cada vez más soez.

Ante estos antecedentes, da vergüenza ajena contemplar el asiduo escrache que tanto Lanata como el grupo CLARIN llevaron y llevan adelante contra el “cartonero” Lázaro Baez, diría Maradona. Quién en realidad es solo un émulo en miniatura de Magnetto, Herrera de Noble, y otros directivos del grupo, y otros tantos súper empresarios. Con la misma asimetría que existe entre el taita de un barrio, y el boss de una gran mafia.

Y lo mismo puede decirse en relación con el arrepentido Leonardo a Fariñas, al que actualmente el grupo Clarin y Lanata presenta casi como un héroe, y a Arbizú y Falciani que es el dolor que duele, por las dudas ni los nombran. Llegando a reprocharle incongruentemente el ayudante de Lanata Nicolás Wizñaki, a Arbizu: “andá a USA, demostrá tu inocencia si podés, y recién entonces volvé a hablar de ética”. Al mismo tiempo que se paseaba del brazo con Fariñas, presentándolo como el gran arrepentido contra Baéz.

Otro tanto se puede decir de la divulgación del rol de Mossack Fonseca que hicieron Lanata y Wizñaki, que luego se volvió como un bumerang contra sus patrones. Por lo que el advenedizo “cartonero” Báez, evidencia ser una fenomenal cortina de humo mediática, y a la par un chivo expiatorio tirado a la hoguera, para disimular la manada de baez, muchísimos más portentosos y poderosos que existen en Argentina. Atrapados con las filtraciones de Arbizu, Falciani, Panama Papers, y Bahamas Leaks.

Que estaban haciendo votos a la espera de una la ley salvadora, que solo podía aportarle el triunfo de Macri. A la par que Lanata y Wizñaki se encargaban de hacer de Báez una bestia negra, para transformar a Magnetto, que tiene graves causas pendientes en la justicia, como la de Papel Prensa y la colocación de las acciones de Clarín en las AFJP, en una bestia intocable.

Por el doble camino de ocultar por un lado sus andanzas, largamente superadoras a la de Báez. Y por el otro infundir el temor al escrache mediático, para quién se atreva a señalarlo. Lo cual hace recordar el dicho de que para robar, hay que robar mucho, para comprarse al juez. O para tener un poderoso medio con que acoquinar a jueces y fiscales, lo cual con los magistrados de Argentina es muy fácil.

La investigación del Congreso y su resultado paradojal

Con motivo de la lista de Falciani o SwisLeaks, el Congreso impulsado por el anterior Gobierno, creó la “Comisión Bicameral Especial Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de Tributos y la consecuente salida de divisas del pais” (Ley 27.094). Habiendo viajado algunos de sus integrantes a Paris para entrevistarse con Falciani.

También citó a Arbizu, quién confirmó la existencia de las plataformas ilegales para la evasión de capitales, por parte de los grandes bancos internacionales, encubiertas bajo el eufemismo de “banca privada”. Y declaró que seis grandes bancos extranjeros administraban más de 70 mil millones de dólares sacados del país para evadir impuestos, por parte de empresas y particulares, y que esa cifra podía duplicarse. Le atribuyó al Citibank, 20 mil millones; al UBS 15 mil millones; al Credit Suisse, 10 mil millones; al Santander, ocho mil millones; al Bilbao Vizcaya otro tanto; a Goldamn Sachs, cinco mil millones; y al JP Morgan Chase, seis mil millones.

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El arrepentido Hernán Arbizo declara frente a la comisión del Congreso

La comisión citó también a distintos empresarios, entre ellos los directivos de Cablevisión del grupo CLARIN, que figuraban en un destacado lugar en la lista de Falciani, que reiteradamente se negaron a hacerse presentes. La Comisión apeló a la Justicia para lograr su comparendo por medio de una acción de amparo, obteniendo un fallo favorable en primera instancia por parte de un juez en lo Penal Económico.

Este fue anulado por la Cámara de Apelaciones Nacional en lo Penal Económico, diciendo que esa no era la vía idónea. Para finalmente despacharse en contra de esa pretensión la Corte Suprema, diciendo que antes de plantearse un recurso extraordinario ante ella, debía haberse apelado a la Cámara de Casación. Lavándose así estos supremos magistrados las manos como Poncio Pilatos, al solo ver el nombre de Cablevisión del grupo CLARIN de por medio.

Paralelamente la labor de dicha Comisión tuvo una férrea oposición y cuestionamiento por parte del establishment, incluidos los grandes medios de comunicación. Los que además de defender a ultranza al presidente del HSBC Guillermo Martino, y silenciar enteramente la labor de la comisión, dijeron que ella solo le correspondía a la Justicia. Incluido el diario LA NACION, que supuestamente investigaba la cuestión para el mencionado ICIJ.

Pese los notables inconductas que el HSBC ha desarrollado durante su larguísima existencia, ya que fue creado en 1865 como Hong-Kong Shanghai Banking Corporation, con el fin de administrar las ganancias generadas por el tráfico de opio. Que Inglaterra obtenía en la India, y se lo encajaba a China, para llevarse de esta porcelana, sedas, y especies que era muy demandados en Occidente.

A partir de ese origen, a lo largo de su historia, la justicia de numerosos países encontró culpable al HSBC de lavado de dinero, violación de las leyes de regulación de los sistemas financieros, y de dar protección a grupos del crimen organizado, evasores fiscales, y cárteles dedicados al narcotráfico, lo que le ha demandado al banco el pago de multas multimillonarias.

Recientemente en el 2012, EEUU condenó al banco por el lavado de 881 millones de dólares procedentes del narcotráfico. Y en el 2014 la fiscalía de Bruselas acusó a la filial suiza de HSBC, de la que provienen las filtraciones de Falciani, de fraude fiscal, lavado de dinero, y de constituir una organización criminal.

Finalmente a principios de diciembre del año pasado, definida ya la pugna electoral, la comisión emitió su dictamen, que resulta inhallable. Arribando a la conclusión según trascendidos, que la misma metodología de fuga de capitales usada por el HSBC, la utilizaban otros bancos de inversión con “Banca Privada”.

En consecuencia refería un comportamiento sistémico, calcado en todas las entidades, reforzado con un esquema de ausencia estatal de controles, y protección judicial y mediática. Que resulta notable al haber invisibilizado enteramente los grandes medios el dictamen de esa comisión. En el que además se recomendaban las modificaciones legales que habría que efectuar, para contrarrestar la evasión de tributos y fuga de divisas.

Al mismo tiempo el CEO del HSBC Martino, era reinstalado triunfalmente por el nuevo Gobierno en su puesto, sin más trámite por parte de las nuevas autoridades del Banco Central. Y con todos los honores de la patria financiera, como si sí se tratara del derecho a botín de un general en combate. Quién además insiste en afirmar, como un profundo conocedor de la materia, que se blanquearán 60 mil millones de dólares, lo que no significa en manera alguna que esas riquezas vuelvan al país, conforme las laxas previsiones de la ley.

Y acá viene un desemboque escandaloso del caso, que muestra la vuelta de campana a favor del sector financiero que dio el actual Gobierno. Dado que la ley de creación de la Comisión establece que una vez terminada su labor, deberá enviar toda la documentación reunida al Poder Ejecutivo. En el que se encuentra en un destacado lugar el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay.

Quién además figura en un destacado lugar en los informes del ICIJ, como administrador de las cuentas de la empresaria argentina que descollaba en la lista de Falciani, Amelita Fortabat. A la que el ICIJI define como la mujer más rica de Argentina, con una fortuna de 1.800 millones de dólares, y en el 2007 detentaba tres cuentas en el HSBC de Ginebra, con un total de 101 millones de dólares.

https://www.icij.org/project/swiss-leaks/explore-swiss-leaks-data

La sospechosa inacción judicial a la espera de la ley de amnistía

En el año 2008 Arbizu había concretado su denuncia en la Justicia, que pasó al juez federal Sergio Torres, quien a su vez delegó la investigación en el fiscal Guillermo Marijuan. Al respecto el abogado de Arbizu que tramitó su extradición voluntaria a EEUU, dijo recientemente: Uno tiene que hacer una esfuerzo intelectual muy grande, para poder explicar porque el fiscal Guillermo Marijuan no hizo nada durante estos siete años”.

Marijuan es el fiscal que lleva también a paso de tortuga, la denuncia de coimas por parte de los Bulgheroni, para obtener la prórroga de la concesión petrolera de Cerrro León, el yacimiento mas grande de Argentina. Por la que recibió amenazas, que pretendió endilgarselas a las causas que lleva contra la ex presidenta. Y viajo supuestamente a EEUU por ese motivo, cuando en realidad lo hizo para presenciar la Copa América de Futbol.

Ver Carlos Bulgheroni: adiós a un depredador del Estado, operador de Rockefeller

Por lo que el mote de “tortuga” que Lanata le aplica consuetudinariamente al juez federal Sebastián Casanello, también le cuadraría a Torres y Marijuan. No obstante este último parece una liebre cuando se trata de imputar kirchneristas, pidiendo su procesamiento aun antes que acaben su declaración indagatoria, como sucedió con la ex presidente. Por lo que parece tener un doble personalidad de tortuga liebre, según quién y de que se trate, muy propio de la degradada justicia argentina.

Por su parte “tortuga” Casanello abrió posteriormente en el año 2014 una causa basada en las listas de Arbizu, contra los directivos de Autopistas del Sol, que era propiedad del grupo Macri, Edenor del grupo Midlin, y Petrobras, actualmente perteneciente a este mismo grupo, etc. Que tampoco se movió gran cosa, por lo que el mote o doble personalidad de tortuga liebre, también le calza plenamente.

Dado que por otro lado, para tratar de disimular, actúa como una liebre contra Lázaro Baez, por hechos similares. En base a los dichos del arrepentido Leonardo Fariña, lanzado al estrellato por Lanata, a la par que despreció las pruebas y dichos del arrepentido Arbizu. Quién incluso los avaló con el contenido de numerosos correos mantenidos con los denunciados.

Abriéndose así el penoso interrogante si esos magistrados, Marijuan, Torres, y Casannello, etc, estaban a la espera de la amnistía penal que consagrará el blanqueo, a la medida de los imputados no procesados en esas causas resonantes. En la que como se verá más adelante, supuestamente no encuadraría Baez, por haber sido ya procesado.

Un refrán canero dice que “cuando el comisario se ensaña con el pez chico, es porque está dejando escapar el pez grande”. Y mutando la palaba comisario, por magistrados o periodistas, el refrán también le alcanzaría a Marijuan, Torres, y Casannello. Y a los periodistas Lanata y Wizñaki, y por supuesto también al multimedio Clarín.

Por su parte la AFIP obtuvo oficialmente de Francia la información revelada por Falciani o Swisleaks, y seguidamente acusó a los directivos de la sucursal argentina del HSBC, de haber instalado una plataforma para la fuga clandestina de divisas. Y por su parte el Banco Central exigió el apartamiento del CEO de HSBC Gabriel Martino, por considerarlo el responsable de esa plataforma clandestina.

La AFIP encabezada por Ricardo Echegaray, aclaró que sólo 158 de las más de 4.040 cuentas habían sido declaradas ante ella. Aunque otras fuentes aseguran que las cuentas eran 4.626, sembrando sospechas respecto el recorte que habría efectuado la AFIP. Que estimó que ello habría arrojado una evasión de 62.000 millones de pesos desde 2006 hasta la actualidad.

Por la denuncia de la AFIP efectuada a fines del 2014, el listado completo de las cuentas argentinas, que incluye a notables empresas y personas físicas de la elite económica, y hasta algunos políticos, fue a parar a manos de la jueza María Verónica Straccia, titular del Juzgado en lo Penal Tributario 3. Quién delegó la investigación en el fiscal Claudio Navas Rial. Y recién en abril de 2016 a pedido de este, Straccia llamó a indagatoria a las primeras 224 personas por evasión agravada y lavado de dinero, imputando a empresarios, abogados, contadores y apoderados.

Entre ellos figuran los directivos de los principales grupos económicos del país: el grupo Clarín, el grupo Fortabat, la generadora termoeléctrica Central Puerto, Telecom Argentina, la compañía bursátil Caja de Valores, Mastellone Hnos, Laboratorio LKM, etc. Entre los imputados estaba también el actual ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay. Quién además de ser apoderado de la fallecida empresaria María Amalia Lacroze de Fortabat y su nieta Amalia Adriana Amoedo, aparece también vinculado al Supervielle Group, al que pertenece Pilar Estela Supervielle, otra imputada en la causa.

La irrupción del juez pistolero Claudio Bonadio

Ante ello, el actual ministro de Hacienda y Finanzas y ex ejecutivo del JP Morgan, actuó de la misma manera que hizo ese banco contra Arbizu. Denunció por falsa denuncia a Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, y los funcionarios de esta que habían radicado la denuncia contra él. Alegando que él no integraba ninguna “plataforma ilegal” del HSBC destinada a la evasión, y solo era apoderado de Amalita Fortabat. La que por la magia de los sorteos tribunalicios, fue a parar a manos del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, de probada y esforzada fe anti K.

Posteriormente amplió su denuncia, diciendo que Fortabat había exteriorizado correctamente sus bienes en Suiza ante la AFIP, mediante una enrevesada explicación en el uso de códigos de país, por lo que lo que se declaraba en EEU, correspondía a Suiza, etc. Algo parecido a la explicación que dio Elisa Carrió respecto la offshore concha o fantasma de los Macri, mostrando una planilla Excel recientemente impresa.

Causa a la que esos magistrados, que se han convertido últimamente en todoterreno contra el anterior gobierno, le dieron presto trámite. Stornelli, vocal de la Comisión Directiva de Boca Juniors e integrante de la Comisión de Seguridad de Boca Juniors cuando era dirigido por el actual presidente, amplió incluso la imputación contra Echegaray y otros, porviolación de secretos.

Finalmente Bonadio se despachó en junio pasado, mientras se tramitaba la ley de reparación a los jubilados y blanqueo, procesando a Echegaray por los delitos de falsa denuncia y violación de secretos. El primer cargo resulta forzado, ante la enrevesada justificación que aportó la sucesión de la fallecida Amalita Fortabat, que por ese carácter también eximía de existencia de dolo por parte de quienes la denunciaron.

Pero lo segundo es avieso, porque además de cuestionar implícitamente las lista de Falciani por ser malhabida, aporta la inusitada explicación que ese intercambio de información obtenido de las autoridades de otro país, solo puede usarse para cobrar impuestos, y en manera alguna puede utilizarse penalmente contra los que aparecen en ella. Consagrando así, en consonancia con la ley de amnistía que estaba en trámite, unaamnistía penal hacia los encartados en la lista.

Lo cual revela una estrategia legal superior, desarrollada tanto en la Justicia como en el Poder Ejecutivo que redactó la ley, como en Congreso. Que pone en duda que ese falló haya sido redactado por el inefable “juez de la servilleta” Bonadio, y también su accionar imparcial en otras causas.

La que se manifiesta también en la ley en cuestión, con la pretensión dicotómica de no solo pagar una benigna suma por haber delinquido impositivamente, muy lejos de lo que corresponde según la legislación impositiva. Sino también en que ello en absoluto afecte el buen nombre y honor de los imputados. Quedando además indemne de toda sanción, que pudiera hacer revocar las licencias, concesiones, o contratos contraídos con el Estado. Y de toda sanción social que pudiera lesionar la imagen de la empresa, o su credibilidad, como parece ser el caso del grupo CLARIN.

Dicho procesamiento por parte de Bonadio, también resultó funcional para apartar a Echegaray de la AGN (Auditoria General de la Nación). Pero no obstante a mediados de septiembre la Cámara de la sala I del Tribunal de Apelaciones, integrada por Jorge Ballesteros y Eduardo Freiler, revocó el procesamiento y sobreseyó a los imputados.

La Cámara sostuvo que el hecho de que la denuncia de Echegaray culminara con un sobreseimiento de Prat Gay, “en modo alguno permite colegir, sin más, que los denunciantes han cometido el delito de falso testimonio, menos aún en un caso como el que aquí nos ocupa, que involucra una importante cantidad de hechos y actores y que concierne al despliegue de maniobras de gran complejidad”.

Respecto la presunta violación de secreto achacada por Bonadio y Marijuan, dijo que no hay ningún delito penal por haber utilizado “la información enviada a la AFIP para la radicación de una denuncia que, no está de más destacar, aún se encuentra en trámite registrando la convocatoria a una gran cantidad de personas a declaración indagatoria”. Señalando que la información remitida por Francia para elaborar la denuncia, estaba contemplada dentro de las excepciones a la obligación de guardar secreto.

La desaparición de listas negras públicas de Falciani y el ataque a Tiempo Argentino

Los links mencionados anteriormente respecto la lista de Falciani, solo tienen contenidos parciales de las 4.040 o 4.626 cuentas secretas de los argentinos involucrados en ella. Y lo primero que hizo el actual Gobierno, fue deshabilitar el boletín de Dialogo Fiscal, donde la AFIP había publicado la filtración de Falciani

http://www.dialogofiscal.gob.ar/ArchivosExternos/345.pdf

Por su parte el diario kirchnerista Tiempo Argentino, también había publicado completa dicha lista en noviembre del 2014. La que no obstante como se puede verificar en el siguiente link, hoy no está disponible en la web. Habiendo sufrido recientemente dicho medio que era propiedad de Sergio Szpolski, hoy transformado en una cooperativa de trabajo, un ataque intentando ocupar sus instalaciones, encabezado por el empresario correntino Mariano Martínez Rojas, a quién Szpolslki supuestamente transfirió dicho diario y la radio América.

http://tiempo.infonews.com/nota/150034/hsbc-la-lista-completa-de-las-4040-cuentas-ilegales-que-analiza-la-justicia

Mientras que diversas fuentes sostienen que Martínez Rojas, es solo el clásico “hombre de paja”, con el que en otros tiempos zar de los medios kirchneristas, puso distancia de la quiebra de estos, al dejar de contar con los avisos oficiales. Interpretación que no resulta aventurada ante los antecedentes de Martínez Rojas, acusado de vender a bajo precios autos de alta gama en Buenos Aires, que compraba en Corrientes con cheques sin fondos. Quién además declaró su intención de clausurar el diario, y quedarse solo con la radio.

Pero lo inusual es que el presidente Macri avaló ese inusitado intento de usurpación de las instalaciones de Tiempo Argentino, impedido por la jueza Contravencional y de Faltas María Julia Correa, quién ordenó el desalojo de Martínez y su patota. Al equiparar el intento de usurpación de Martínez, con el de los periodistas cooperativizados de Tiempo Argentino. Quienes no obstante refutaron a Macri diciendo que ellos detentaban legalmente la custodia del inmueble atacado, a raíz del abandono por parte de sus dueños, conforme un acta firmada en el Ministerio de Trabajo.

Pero lo tanto los dichos del presidente Macri, como las intenciones del hombre de paja Martínez Rojas, parecen traslucir el secreto anhelo del establishment, de que las listas negras de Arbizu y Falciani, desaparezcan para siempre de la visión de los argentinos. A la par que sus afectados están por zafar de los problemas en le acarrearon esas filtraciones, gracias al “sinceramiento fiscal” de la ley en cuestión. Que en realidad es un “ocultamiento fiscal”, al haber sido literalmente pescados en base a la lista de Falciani, con las manos en la masa, y es lo que a toda costa se quiere encubrir.

¿Hecha la ley hecha la trampa, o hecha la trampa hecha la ley de amnistía?

El caso es que las previsiones de la ley muestran la existencia, no de un ventanuco para zafar de la situación arrastrándose, sino de una ancha puerta para que los delincuentes impositivos, financieros, y cambiarios involucrados en las listas de Arbizu, Falciani, Panama Papers, y Bahamas Leaks, salgan airosamente del enorme aprieto en que se encuentran metidos por culpa de esas filtraciones.

Sin que ello menoscabe en absoluto su buen nombre y honor, ni puedan recibir una condena social. Como consecuencia del secretismo a ultranza impuesto a favor de quienes transiten esa salida. Que no solo es incompatible con el sistema democrático, sino que además impide la existencia de un escarmiento, que haga que esas conductas masivas que han lesionado ferozmente la economía argentina, se corrijan en un futuro. O sea para que no haya ni Verdad, ni Memoria, ni Justicia.

De esa manera la defección del Congreso, que con ley de pago a los buitres renunció a investigar la deuda externa, con esta ley supuestamente de reparación a los jubilados, renunció a investigar los mecanismos y plataformas ilegales que reproducen a ella. El político francés Georges Clemenceau dijo que “Argentina no quiebra, por qué su elite deja de robar cuando duerme”, y así su fértil naturaleza repone de noche, lo que su dirigencia se roba de día.

El simple análisis del contenido de la ley, revela que ella está escrita pensando en los pescados con las manos en la masa por las filtraciones de Arbizu, Falciani, y Panama Papers. Y que en consecuencia la supuesta reparación histórica a los jubilados, fue solo un subterfugio para que ella pudiera pasar por el Congreso. Dado que si realmente existió una intención en este sentido, ello no puede configurarse con una quita del hasta el 70 % en las acreencias de los jubilados, a pagar en cuotas por parte del fisco a lo largo de tres años.

Y solo una quita de cero al 10 % de los dineros o bienes mal habidos declarados en el blanqueo. Con un máximo del 15 %, si el acogimiento es después del 31 de diciembre de este año. Lo cual es además un indicador de las urgencias que padece el fisco, ya que supone una reducción de la alícuota máxima de un 33 %, por un ingreso anticipado de solo tres meses. Pudiendo no pagarse nada de nada, si se suscriben bonos de la deuda pública, o se invierte ese dinero en el país, estando mezquinamente incluso exceptuados de pagar hasta el impuesto al cheque del 1,2 %. (arts 41 y ss).

Comparativamente, en Brasil la alícuota para un blanqueo similar fue del 30 %, y en Alemania del 25 %. Por su parte en EEUU solo se condonaron las multas y penas de prisión, pero había que pagar íntegramente los impuestos adeudados, igual que lo habían hecho los contribuyentes cumplidores. Y esta es la mínima disposición que se debería haber adoptado, si el intercambio de información luego los iba a poner en descubierto, por lo que se trata de un sinceramiento forzado.

Y máxime en los casos en que los grandes evasores y lavadores ya habían quedado al descubierto, con las filtraciones de Arbizu, Falciani, Panama Papers, y Bahamas Leaks. Resultando así esto un premio y condecoración al gran evasor y lavador, pese haber sido atrapado en flagrancia, literalmente con las manos en la masa. Con el agregado de no existir obligación alguna de repatriar lo fugado, ni ahora ni nunca. Y al mismo tiempo como una burla legislativa, el Congreso sancionó las leyes de flagrancia y decomiso de bienes, pero solo para los delitos comunes.

Y además, en contra las posturas progresistas que cuestionan el agudo proceso de concentración de riqueza registrado en las últimas décadas, redujo a la mitad el impuesto sobre los bienes personales, pasando en la práctica la alícuota del 0,5 % al 0,25 %. Previo haber intentado en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, derogar ese impuesto a partir del año 2018, para que los blanqueadores no paguen nada sobre los bienes blanqueados.

En cuanto a la valuación de los bienes en moneda a declarar se establece que se valuarán con la a la “Fecha de Preexistencia” de ellos (art 40) fijada para el 22 de julio en el decreto reglamentario. Con lo cual quedan congeladas a esa fecha los montos en cuestión, más allá de la devaluación e inflación que suceda posteriormente, en una ley que se acostumbra a ser sucesivamente prorrogada.

La amnistía ultrasecreta

Como escrita pensando en las filtraciones de Arbizu y Falciani, encabezadas por el grupo CLARIN y otros poderosísimos empresarios, la ley establece que los “sujetos” que ingresen en el blanqueo, quedarán “liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder”. Y pudorosamente para no nombrarla agrega: “La liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal”.

El que dice: La acción penal se extinguirá: 1) Por la muerte del imputado; 2) Por la amnistía; 3) Por la prescripción; 4) Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada; 5) Por aplicación de un criterio de oportunidad, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes; 6) Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes; 7) Por el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión del proceso a prueba, de conformidad con lo previsto en este Código y las leyes procesales correspondientes.”

Como se puede ver, la graciosa salida de la amnistía, le evita a los imputados con las filtraciones de Arbizu, Swisleaks, Panama Papers, y Bahamas Leaks, morirse o quebrar. O el tratar de demorar indefinidamente el proceso, hasta lograr la prescripción, como se acostumbra en Argentina. O reparar integralmente el perjuicio causado. Y ni siquiera tener que cumplir con las condiciones para suspender el proceso a prueba, o sea unaprobation, haciendo algún trabajo social.

Estando además incluidos en esa amnistía liberadora “los socios administradores y gerentes, directores, síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de las sociedades… y cargos equivalentes… y profesionales certificantes de los balances. La liberación de las acciones penales previstas en este artículo equivale a la extinción de la acción penaly del “pago de los impuestos que se hubieran omitido ingresar”. (art 46).

Además, como si el país estuviera tirando manteca al techo, y a los fines de tratar de encubrir semejante amnistía, dispone también una regularización y moratoria de impuestos internos, que se hace extensivo a los Estados Provinciales y la CABA. Mediante su pago en cómodas cuotas mensuales a lo largo de casi ocho años, con el módico interés del 18 % anual. Obteniendo el cese de las persecuciones penales y administrativas existentes, con solo el pago de un mínimo anticipo del 5 % de lo adeudado, salvo la existencia de sentencia firme.

En consecuencia dispensa a la AFIP y al Banco Central de formular denuncia penal respecto de los delitos tributarios, cambiarios y los previstos en la ley de sociedades, “en la medida que los sujetos de que se trate regularicen sus obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras conforme a las disposiciones” de la flamante ley (art. 86).

Seguidamente, haciendo como el tero alharaca lejos del nido donde están sus huevos, dispone que estarán excluidos del blanqueo, quienes se hayan desempeñado como funcionarios públicos desde el 2010 en adelante, desde el presidente para abajo, haciendo una boba y extensa enumeración de ellos, incluidos los parientes afines y consanguíneos de primer grado (art 82 y ss). Pero nada dice de las empresas que sean propiedad de ellos, por lo que Franco Macri puede sentirse muy tranquilo.

Agregando seguidamente la misma previsión, para quienes tengan sentencia firme por delitos tributarios o delitos comunes relacionados con esto, y a sociedades en que sus directivos se encuentren en esas condiciones. Previsión que no se tomó en el caso anterior, por lo que Franco Macri puede seguir muy tranquilo.

Seguidamente en franca contradicción con esto, hace extensiva esa exclusión a los que estén procesados, aunque ello no estuviera firme, por los delitos contra el orden económico financiero, como el arreglo de las licitaciones públicas y los sobreprecios achacados a Báez. Pese que está lejos de haber sido el inventor de esas maniobras, que han tenido a su socio Calcaterra Macri como un notable precursor. Y también los delitos de encubrimiento y lavado de activos, estafa, usura, quebrados fraudulentos, contra la fe pública, falsificación, encubrimiento al adquirir, recibir, u ocultar dinero, etc.

Exclusión que parece ser meramente declamativa, ya que es de dudosa constitucionalidad y legalidad, y contradictoria con la misma ley. Al equiparar un procesamiento, con una sentencia definitiva y su correspondiente pena. Premiando así a quienes lograron evitar el procesamiento vaya a saber con qué artilugios, gracias a los servicios de magistrados como Marijuan, Torres, Casanello, etc.

Lo cual evidencia que eso esta escrito para que los funcionarios kirchneristas procesados, con Lázaro Baez a la cabeza, sean los chivos expiatorios de evasión, lavado de dinero, y asociación ilícita fiscal. Que alcanza también a los muy altos y conspicuos bonetes involucrados en las listas de Arbizu y Falciani. Aunque seguramente a la larga o la corta, Báez también será beneficiado con la ley en cuestión, mediante plantear la inconstitucionalidad de esta disposición.

Por último expresa que aquellos que tuvieran un proceso penal en trámite por los delitos enumerados, “podrán adherir en forma condicional al régimen de sinceramiento fiscal. El auto de procesamiento que se dicte en fecha posterior, dará lugar a la pérdida automática de todos los beneficios” que otorga la ley.

Lo cual lógicamente no ocurrirá, ya que ayudados por la ley y por magistrados remolones como Marijuan, Torres, Ercolini, Taiano, Casanello, Bonadio, etc, serán los primeros en presentarse en este blanqueo. Escrito especialmente para ellos, para hacerlos zafar de la difícil situación en la que estaban atrapados por las filtraciones de Arbizu, Falciani, Panama Papers, y Bahamas Leaks.

Pero como estos señorones también quieren seguir luciendo un buen nombre y honor, y alta credibilidad ante la sociedad, como es la característica de los delincuentes de cuello o guantes blancos, la ley prevé severísimas disposiciones para evitar que existan filtraciones en ese sentido. Disponiendo que la obligación de guardar secreto conforme la ley de lavado de dinero, “incluye la reserva de la identidad de los sujetos reportantes y reportados durante el proceso de análisis a cargo de la UIF (Unidad Información Financiera) y la prohibición de revelar la fuente de su información”. Art 87 y ss.

Y también encuadra como secreto fiscal, “la declaración voluntaria y excepcional que presente un contribuyente así como toda la información y documentación que aporte, las consultas que efectúe y el contenido de todos y cada uno de los trámites conducentes a la realización de dicha declaración”. Especificando además para que quede claro, que se trata de un secreto absoluto en beneficio de quienes delinquieron, al convertir en delincuentes a quienes lo divulguen.

Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración. Federal de Ingresos Públicos, están obligados a mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos. Igual obligación existirá para todo tercero respecto de cualquier documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley que fueran presentadas por cualquier contribuyente.

Disponiendo que tanto estos, como los que se presenten en el blanqueo, y “los tercerosque divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal”. Que contradictoriamente prevé prisión de un mes a dos años e inhabilitación de uno a cuatro años, al “funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”.

Y por ende mal podría alcanzar a terceros, al que no obstante esta ley de amnistía hace extensivos. Exceptuando no obstante, ante le reclamos que suscitó este artículo, “por motivos de interés público” a “los periodistas y comunicadores sociales, así como los medios de comunicación y sus responsables legales, que estarán exceptuados de lo antedicho”. Aunque mal pudiera estar interesado Clarín en divulgar esos secretos, que le atañen directamente.

Como si el proyecto de ley hubiese sido redactado por los mismo señorones implicados, con Magnetto a la cabeza, el proyecto original del Poder Ejecutivo agregaba que, “los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual a una vez el valor de los bienes exteriorizados que haya sido revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos o información se hubiera revelado o divulgado”.

Como si se tratarán de secretos atómicos que pueden hacer estallar a la sociedad entera. A la par que las actuaciones contra Lázaro Baez por hechos parecidos, y las incoadas contra el elenco kirchnerista, parecen el libro abierto de Petete. De donde se nutren los medios furibundamente antikirchneristas como Clarin y La Nación, con imágenes de montañas de dinero incluidas, para practicar un seudo periodismo. Que en realidad es un escrache o linchamiento mediático, denostando como tartufos de la prensa, los mismo delitos en los que están incursos sus dueños.

En reemplazo de ese absurdo artículo, en la madrugada de la votación en la Cámara de Diputados, se hizo una inconsulto agregado a la ley (art 92) para sin nombrarla en absoluto, pasar la UIF (Unidad Información Financiera) a la órbita del ministerio de Hacienda y Finanzas, a cargo de Prat Gay. El mismo que está encartado en la lista negra de Falciani, lo cual evidencia ser toda una garantía para el mantenimiento del secreto de la amnistía.

Previamente el actual Gobierno dispuso que este organismo, encargado de combatir el lavado de dinero, esté a cargo de Mariano Federici, un abogado ex FMI vinculado al estudio de Félix Marteau, que patrocina a bancos acusados de lavado. Secundado por María Eugenia Talerico, la ex defensora de los ejecutivos del HSBC, el banco implicado en la lista de Falciani, encargados de dar cumplimiento a las leyes sobre lavado de dinero.

Quienes prometieron que de ahora en más concentraran su accionar en atraer inversiones, y combatir el lavado de dinero proveniente de delitos comunes y de apoyo al terrorismo. Por lo que bien pueden los mega evasores tributarios encartados en las listas de Arbizu y Falciani, confiar plenamente en ellos.

Al respecto la ley prevé declamativamente que “no habrá ninguna limitación en el marco del presente régimen a la capacidad actual del Estado de intercambiar información, reportar, analizar, investigar y sancionar conductas” aclarando no obstante que siempre encuadren“en los artículos 303 y 306 del Código Penal”. O sea proveniente de delitos comunes o para financiar el terrorismo, quedando al margen la evasión tributaria y de divisas.

Declamativamente también agrega que la UIF “podrá a su discreción, comunicar información a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación”. Facultad que dándole una vuelta de tuerca, el decreto reglamentario (895/16) limita a que “sólo podrá ejercerse previa resolución fundada del Presidente de la UIF y siempre que concurran indicios graves, precisos y concordantes” de la existencia de delitos comunes y de financiación del terrorismo, excluyendo los cambiarios, impositivos, y aduaneros.

Dispone además que la información que traslade la UIF a “otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación, incluirán el traslado de la obligación de guardar secreto” establecida en la ley de Lavado de Activos, ampliando así el cerco del secretismos en todo lo posible.

Y para que quede claro como el agua, el decreto reglamentario agrega redundantemente que la UIF “no ejercerá la facultad de comunicar información a otras entidades públicas con facultades de inteligencia o investigación” en casos vinculados con el blanqueo, “por hechos que pudieren estar tipificados en la ley penal tributaria, la ley penal cambiaria y la ley aduanera, ni en casos que pudieren configurar sospechas de lavado de activosprovenientes de la comisión de los anteriores”.

Por ultimo releva ambiguamente a la AFIP de su obligación de informar conforme la ley de Lavado de Activos, al obligarla solo a “brindar a la UIF, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, toda la información por ésta requerida sin la posibilidad de oponer el secreto fiscal, al que ya estaba desobligado por la ley de Lavado de Activos. Y en este artículo se evidencia la improlijidad e improvisación de esta ley, que pone a la UIF como dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al mismo tiempo que traslada este organismo a la órbita del ministro Prat Gay, encartado en la lista negra de Falciani (art 92).

Por último, lindando con la burla, crea “la Mesa de Coordinación del Régimen de Sinceramiento Fiscal” destinada a colaborar en la correcta implementación y ejecución del mismo, aconsejando la adopción de las medidas necesarias para ello” (art. 91). Integrada y presidida por la secretaría de Hacienda y la UIF, bajo el mando del mencionado ministro Prat Gay, encartado en la lista de Falciani. La Comisión Nacional de Valores (CNV), bajo el mando de Marcos Ayerra, un ex alto ejecutivo de JP Morgan Chase and Co. El Banco Central, que ha sido el inveterado instrumento para la fuga de capitales del país. Y por la AFIP, a cargo de Alberto Abad.

Siendo este un destacado menemista que entre el 2002 y 2008 estuvo a cargo de ese ente, mientras se producía la espectacular fuga de divisas trasuntada en las listas negras de Arbizu y Falciani. Que la AFIP no advirtió, porque estaba especializada en cazar moscas, aumentado la presión tributaria sobre las PYMES y sectores más bajos de la población, y no sobre los grandes buitres que volaban con sus capitales hacia afuera.

Prometiendo ahora Abad más de lo mismo recargado, al declarar recientemente que como no se puede aumentar la presión tributaria, va a ensanchar la base tributaria, persiguiendo a cuentapropistas de kioscos y almacenes. A la par que se decreta una amnistía absoluta a favor de los mega empresarios implicados en las filtraciones de Arbizu, Falciani, Panama Papers, y Bahamas Leaks.

Recientemente Abad ha sido cuestionado para ocupar ese puesto, por tener intereses encontrados, al detentar acciones de grandes firmas a las que la AFIP persigue por evasión (Molinos Rio de la Plata). Y acusado de filtrar información para el armado de dossier contra los opositores políticos del actual Gobierno, a lo que Abad contraatacó procurando demostrar que antes se hacía lo mismo.

Estas filtraciones políticas desde la AFIP, son las que evidentemente han preocupado a los señorones encartados en las listas negras de Arbizu y Falciani. Por ello pretenden que la amnistía concedida a favor de ellos, se mantenga en el más absoluto secreto. Como si en vez de un régimen democrático, se tratara de un régimen bajo el gobierno informal del Zar Magnetto.

Resultando así ostensible que Macri gobierna para el grupo Clarín, para quién derogó la ley de medios, introdujo uno de sus notables abogados en la Corte Suprema, le permite recomprar las acciones en manos de la ANSES, redirecciona la pauta de la propaganda oficial a su favor, lo amnistía de sus crímenes cambiarios y financieros, y pretende disimuladamente devolverle el Futbol para Todos. Por lo que bien podría denominarse el Gobierno de Magcri.

Ver Pauta oficial: Clarín, Crónica, La Nación, Facebook y Google los nuevos Szpolski

No obstante a eso le llaman “república”, apoyo a un “cambio sistémico”, y dar “herramientas para la gobernabilidad”, aunque no se sabe -o se sabe muy bien- a favor de quién, por parte de los opoficialistas como Sergio Massa, y Diego Bossio, ex kirchneristas provenientes de la UCEDE, que fueron administradores de la ANSES. Donde discurre sin mayor control social la mitad del Presupuesto Nacional, por un monto actual de 1,15 billones de pesos, equivalentes a 75 mil millones de dólares.

Sin que aparentemente la corrupción reinante en toda la sociedad, lo haya tocado nunca, ni al organismo, ni quienes lo administraron. Con la excepción del caído en desgracia Amado Boudou, de la misma estirpe política que los anteriores. Pero no obstante de las innumerables denuncias radicadas contra él en la Justicia, las que no prosperaron fueron las relacionadas con la ANSES.

La única denuncia de corrupción que se conoce actualmente en la ANSES, formulada por Lanata, es la designación del hijo de Luis D’Elía como empleado, sin tener acreditado estudios secundarios. Y así esta estrella periodista pasó de denunciar a Magnetto como el gran evasor y lavador argentino, a denunciar al hijo de un piquetero por no ser bachiller.

En consecuencia la pregunta es que secretos financieros esconden esos profundos arcanos, para que estos dos personajes, Massa y Bossio, sean tan dóciles a los reclamos de quien evidentemente gobierna para los ricos y como “socio” de Estados Unidos. Con la utópica esperanza macrista, o magcrista, parecida a la marxista, que en un futuro sus riquezas se derramen a los pobres.

Ante ello el compromiso mínimo democrático que deberían asumir los partidos alineados realmente con los intereses del pueblo, sería el exigir la repatriación de los capitales fugados, y derogar el secreto fiscal, en relación a todas las firmas que se hayan acogido esta tortuosa amnistía plutocrática, disfrazada de una supuesta justicia social. Propia de una economía extractivista en todos los sentidos, que en pocas décadas ha hecho de Argentina una interminable fábrica de pobres, y un país cada vez más inseguro para vivir.-

Anexo nota iProfesional Blanqueo a presión: analizan incluir 4.040 cuentas del HSBC en Suiza para captar más dólares

Mientras se trataba en el Congreso la ley en cuestión, el portal especializado en temas económicos iProfesional, con la firma de Julián Guarino, fue el único que se animó a publicar una elocuente y sugestiva nota al respecto, con el título antedicho (1/6/16).Expresando que tanto la ley en debate como el fallo de Bonadio comentado, le venía como anillo al dedo a los encartados por las filtraciones de Falciani del HSBC, y por extensión las de Arbizu del JP Morgan.

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Con la fotoshop del mnistro Prat Gay incluida, y señalando que él también estaba involucrado en la cuestión, apuntaba en el copete: “El tema se debate entre funcionarios. Desde el punto de vista legal no habría impedimento, ya que ningún titular de esas cuentas denunciadas en su momento por AFIP ha sido procesado. Pero se pondera un riesgo político, porque la oposición tendría argumentos éticos contra la iniciativa”.

Señalaba al respecto que “si todo proyecto de blanqueo de capitales es, por definición, polémico y pasible de ser criticado desde el punto de vista ético, la iniciativa que impulsa el gobierno de Mauricio Macri lo es en mayor medida. Esto es así porque le agrega un ingrediente especial, del que hasta ahora no se ha hablado en público: la posibilidad de que se incluyan a los 4.040 argentinos con ahorros en Suiza.”

Y revelando que el comentado fallo de Bonadio instado por Stornelli no provenía de un juez y fiscal independientes, sino de una estrategia superior agregaba: “Para inducirlos, según pudo saber iProfesional, se apuntaría a dejar sin efecto las causas penales en las que se investigan si el HSBC funcionó como una “plataforma de evasión fiscal”. Quien empuja la hipótesis de que la AFIP “reveló información que debía mantener en secreto” e imputó por falso testimonio en otro expediente es el fiscal federal Carlos Stornelli.” (las negritas son del original)

De esta forma, se habilitaría una “ventana de oportunidad” para que los varios miles de titulares de cuentas off shore (tanto personas como empresas) que han sido denunciados puedan acogerse a la “amnistía fiscal” que propone el Gobierno y que ahora se discutirá en el Congreso.

Por lo pronto, es una decisión que está en una zona gris desde el punto de vista legal: Es que, por un lado, hay una investigación en curso, que tramita en la Justicia en lo penal económico, luego de que las autoridades de la AFIP de ese momento denunciaran al HSBC. Pero, por otra parte, los argentinos incluidos en esa nómina como titulares de cuentas no están procesados. Al menos no todavía, por lo que quedarían habilitados para poder acogerse al beneficio del blanqueo y la amnistía tributaria propuesta.”

La gran diferencia entre este grupo y el resto de los que poseen dinero no declarado, es que sus identidades son conocidas, luego de que la propia AFIP filtrara un listado que -en su momento- trajo muchas sorpresas por incluir a personalidades famosas. El dilema para el Gobierno es claro: Si cede a la tentación y permite que todas estas personas formen parte del blanqueo, entonces podrá aspirar a blanquear más dólares y captar mayores ingresos fiscales. Pero, al mismo tiempo, tendrá que pagar el costo político, ya que la causa judicial aún está en curso. Concretamente, en el juzgado de Verónica Straccia.”

Seguidamente comentaba, sin apreciar la existencia de una oposición engañada con el señuelo de los jubilados, y cooptada con los recursos de la coparticipación: “En consecuencia, la oposición tendrá un argumento adicional para criticar la iniciativa que ahora deberá obtener la aprobación parlamentaria. Esto es así porque si bien no se contradice la letra de la ley, el hecho de que todas estas personas puedan beneficiarse podría ser interpretado como una forma de adelantarse al accionar de la Justicia.”

Y agregaba, sin cuestionar el curioso doble papel de imputado y autoridad de aplicación del ministro Prat Gay: “Según pudo saber iProfesional, en el propio Gobierno está instalada la expectativa de que la causa contra el HSBC y contra los 4.040 titulares de cuentas en Suiza se irá desdibujando sin llegar a mayores consecuencias. Ese es, entonces, uno de los dilemas que enfrentan los funcionarios macristas. El ámbito del debate es la “mesa chica tributaria” que conforman el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y el titular de AFIP, Alberto Abad.

La decisión no es fácil, ya que se trata de la causa por delitos económicos más grande y relevante del país: Hay 222 imputados por asociación ilícita, lavado de dinero y evasión agravada. La cifra total en juego asciende a u$s 3.500 millones. La investigación involucra a banqueros, a directivos de las principales multinacionales y hasta al propio Pat Gay. El actual ministro figura como apoderado de la cuenta en el HSBC Suiza de la fallecida empresaria María Amalia Lacroze de Fortabat y su nieta Amalia Adriana Amoedo.”

Bajo el título “Un “piso” asegurado” proseguía Gurino considerando las supuestas ventajas que le reportaría al gobierno esa amnistía redactada con nombres y apellidos: Por lo pronto, la opción de incluir a este grupo de personas y empresas se presenta como muy tentadora para el equipo económico. Esto, en un contexto en el que no sólo apuesta a superar los pobres resultados de los últimos blanqueos sino también a lograr una suma de dinero tal que sirva para reforzar la caja de dólares del Banco Central y la de pesos del fisco. Si se lo analiza detenidamente, el Gobierno tendría asegurado un piso mínimo más elevado que no le iría en zaga a las estimaciones que hacen referencia a un ingreso total de u$s 20.000 millones.”

De alcanzar esa cifra, superaría con creces el monto recaudado por la gestión anterior, que se había puesto como objetivo unos u$s 4.000 millones pero que apenas pudo conseguir cerca de u$s 2.500 millones. Por lo pronto, a diferencia del resto de las cuentas de otros argentinos en el exterior, las sumas de dinero involucradas en el “caso HSBC” ya son conocidas por el fisco. Y esto le permite ejercer una mayor presión para que se sumen al blanqueo.”

Para completar la lista de acusados, habrá que considerar unos 200 empresarios, contadores, apoderados y abogados que pertenecen al universo de personas que llevan a cuestas una acusación por evasión fiscal agravada. Por supuesto, entre los involucrados también están varios directivos de los principales grupos económicos del país.”

Y seguidamente trasuntaba que la ley de reparación histórica a los jubilados, en realidad también consistía en un intento de reparación de las torpes fantasías cultivadas por parte del actual Gobierno:

La idea del Gobierno, entonces, es la de ree]]]mplazar la lluvia de dólares de inversiones -que viene algo demorada- por el blanqueo, una vez superada la fantasía de que el sólo hecho de un cambio de mandato iba a generar una fuerte entrada de capitales en los primeros meses de gestión macrista. Además, ante la mayor proximidad de las elecciones de medio término, el plan de exteriorización de capitales es visto por muchos como una pieza fundamental para el armado de un colchón de recursos tal que posibilite el fondeo de proyectos clave de la economía real.”

La AFIP había calculado en ese momento que la evasión sufrida por el fisco argentino -considerando un período de nueve años- ascendía a unos $62.000 millones, equivalente a unos u$s7.000 millones, según el tipo de cambio oficial de ese entonces. La causa por las cuentas del HSBC no ha avanzado mucho en este último tiempo. La denuncia fue contra la filial argentina, por presunta responsabilidad en la operatoria para abrir las cuentas en Suiza.”

fuente:http://stripteasedelpoder.com/2016/10/reparacion-historica-iii/


Cristina niega conocer a Lázaro: “O nos toma de pelotudos o cree que el argentino es muy boludo”

De manera insólita, la ex presidente declaró ante los medios -frente a la acusación de armar una asociación ilícita en torno a la obra pública- que no conoce ni es amiga ni socia del empresario Lázaro Báez. En este sentido, el periodista Eduardo Feinmann arremetió: “Yo creo que Cristina, a veces, debe creer que la sociedad argentina es idiota. Creo que muchas veces nos toma de pelotudos o debe creer que el pueblo argentino es muy boludo, pero ya la gente no se traga más ni el verso ni el relato”.

Cristina niega conocer a Lázaro: "O nos toma de pelotudos o cree que el argentino es muy boludo"

leer más fuente>>>http://www.urgente24.com/258323-cristina-niega-conocer-a-lazaro-o-nos-toma-de-pelotudos-o-cree-que-el-argentino-es-muy-boludo


“Cristina miente abiertamente, es amiga de Lázaro Báez”

La legisladora porteña por Confianza Pública, Graciela Ocaña, se refirió a la declaración indagatoria que prestó ayer la ex Presidente Cristina Kirchner en el marco de la causa por la supuesta comisión de delitos delitos en la concesión de obra pública y afirmó que “Cristina miente abiertamente, es amiga de Lázaro Báez”.

"Cristina miente abiertamente, es amiga de Lázaro Báez"

leer más fuente>>>http://www.urgente24.com/258324-cristina-miente-abiertamente-es-amiga-de-lazaro-baez


Tras la “rara” afirmación de Cristina para desligarse de Báez, le toca el turno a De Vido

A la indagatoria de ayer de Cristina Fernández, este martes se sumó la visita del ex ministro Julio De Vido a la oficina del magistrado federal Julián Ercolini. El ex titular de Planificación fue convocado para defenderse en el expediente que analiza la adjudicación de obra pública durante la gestión anterior. Ayer la ex Presidente se desentendió del tema y aseguró que no es amiga ni socia de Lázaro Báez. “Hay muchos negocios en común con Cristina Kirchner”, aseguró el abogado de la familia Báez. Santiago Viola dijo que le pareció “rara” la afirmación de la ex Presidente con la que intentó desentenderse del empresario patagónico.

Tras la "rara" afirmación de Cristina para desligarse de Báez, le toca el turno a De Vido

leer más fuente>>>http://www.urgente24.com/258327-tras-la-rara-afirmacion-de-cristina-para-desligarse-de-baez-le-toca-el-turno-a-de-vido


 

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